70.000 casos y mas de U$ 2.000 Millones en Juicios Laborales
Juicios por Accidedentes de Trabajo son cerca de 70.000 los casos que se acumulan en la Justicia Laboral y el total de las demandas supera 
los u$ 2.000 millones. Asi lo indican los datos de la Union de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo a los que tuvo acceso el Diario Ambito Financiero.
Esta avalancha de demandas no sólo no se redujo sino que se incrementó a partir de que el Gobierno emitiera un decreto aumentando las indemnizaciones que pagan las ART a los accidentados; el titular de esa cartera, Carlos Tomada, estaba convencido de que los trabajadores no acudirían a la Justicia si se los compensaba con un monto razonable. Eso no fue así.
Por estos días el Gobierno tendría la intención de, finalmente y tras un lustro, enviar al Congreso un proyecto de ley modificando el régimen de las ART y agregando un «plus» del 20% por encima de la indemnización que fija la ley a cambio de renunciar de manera explícita a hacer juicio; esto, según le explicó el Gobierno a la UIA, los sindicatos y otras entidades empresariales, terminará con las demandas.
El anteproyecto fue comunicado en varias reuniones que mantuvo Tomada con representantes de esos sectores; en esos encuentros no hubo lugar para introducir modificaciones; esa carpeta viajará al Congreso a libro cerrado.
Como se recordará, dos fallos de la Corte Suprema dictaminaron que los topes indemnizatorios son inconstitucionales, abriendo la puerta a la denominada doble vía: el damnificado cobra de la ART y después hace juicio a su empleador reclamando un monto mayor. Esto y no otra cosa son los 70.000 juicios.
Desde las ART y la central fabril no están tan convencidos de que el proyecto oficial vaya a cerrar la puerta a la doble vía: aducen que, si el dictamen de la Corte dice que no es constitucional la renuncia compulsiva a actuar ante la Justicia, tampoco lo sería la renuncia «voluntaria» que propone el Ejecutivo.
Esta es una de las preocupaciones de los empresarios; otra es la permanencia en el proyecto oficial de los denominados «comités mixtos» conformados por los patronos y los delegados sindicales; en el proyecto original, pergeñado por el diputado Héctor Recalde, el poder de los gremios en estas comisiones era casi omnímodo; alejado del centro del poder por su cercanía indisimulada con Hugo Moyano, el abogado laboralista de la CGT parece haber perdido fuerza para imponer su iniciativa. Así, los «comités» siguen estando en el proyecto oficial, pero con sus poderes más atenuados.
Sin embargo, con ser importantes estos temas, el que más desvela a los empresarios es el de los accidentes «in intinere», o sea los que sufre el empleado en su trayecto hacia o desde su lugar de trabajo.
Hasta ahora todo el peso de la indemnización recae sobre la ART, que a su vez se los traslada (vía aumentos de cuota) a los empresarios que contratan sus servicios. El pedido de la UIA y de la UART es que ese costo sea compartido entre las empresas y el sistema de seguridad social del Estado. El reclamo fue escuchado pero no atendido.
Todas estas inquietudes habían sido tratadas incluso con Cristina de Kirchner en reuniones mantenidas antes de las elecciones de octubre. Como se recordará, la Presidente se pronunció en términos muy duros contra lo que calificó como «la industria del juicio». Y repitió el concepto en su ya célebre discurso ante la Conferencia Industrial de la UIA, en el que -además- inició su ofensiva contra YPF que culminaría con su reestatización. Desde entonces, corrió mucha agua bajo los puentes; tanta que el proyecto oficial parece consolidar esa «industria sin chimeneas» en lugar de desalentarla.
Fuente: Diario Ambito Financiero
